Hablamos de democratizar. Hablamos de limpiar la función pública de los que la usan en beneficio propio y en el de sus amigos y mandantes.
¿Cómo hacerlo?
Este quizá resulte un modo efectivo:
Proponer una ley que —en síntesis— disponga que todos los funcionarios electivos del Estado y los que tengan funciones administrativas con poder resolutivo manden a sus hijos y nietos, sin excepción, a la escuela pública y se atiendan en los establecimientos de salud estatales.*
A nadie se obligará a acudir a dependencias de la salud pública si prefiere una clínica privada, o mandar a sus hijos a la escuela estatal si quiere para ellos lo que ofrece una escuela paga. Pero si ejerce o se postula para cargos ejecutivos o legislativos, debe elegir entre una cosa u otra.
Muchos de los que mediten sobre esta propuesta dirán: “Bueno, yo no soy diputado, pero también prefiero la educación y la medicina privada, porque las del Estado son un desastre”. ¡Correcto!: entonces, que no se postule para decidir el destino de los recursos públicos, porque lo hará en desmedro de los servicios que no utiliza y en favor de los que sí disfruta.
Si lográramos hacer aprobar —y hacer cumplir— una norma de esas características, lo más probable es que nos saquemos de encima a los políticos depredadores. Pero, vamos a la realidad: no es factible en absoluto que ellos quieran aprobar prescripciones en este sentido, que acepten abandonar los privilegios que los distancian del vulgo y los encumbran sobre este. En ese caso, desnudarán sus mentiras, su codicia, su elitismo. Y, con esa prueba en la mano, los de abajo, los indignados, tenemos que ser consecuentes y no darles una pizca de poder, ya sea con el voto o no reconociéndolos —y destituyéndolos— mediante la resistencia en las calles.
Se dirá que lo mejor es descubrir y llevar a juicio a los deshonestos y castigarlos con penalidades ejemplarizadoras y disuasivas. Pero es muy difícil saber y —sobre todo— comprobar si un político o funcionario de alto nivel roba o no roba, si acepta sobornos o no, a cuánto asciende su fortuna a nombre propio o de testaferros, cuánto atesora en sigilosos bancos o en ese lugarcito de su casa que sólo él conoce. Y aun cuando se les comprueba su delito, como tienen muchos millones y muchos socios y amigos en la Justicia, no padecen mucho (o nada) en la cárcel y disfrutan para siempre de su riqueza mal habida.
Por eso esta propuesta apunta a algo inocultable, objetivo. ¿Cómo lograríamos que los políticos en el poder tengan un verdadero afán y un concreto y personal interés en mejorar estos aspectos —educación y salud— que hacen al presente y futuro de las personas? El medio idóneo, visible, transparente, es que ellos tengan forzosamente que utilizarlos.
No lo harán. Este es un test infalible.
¿Tienen fortuna?: ¡felices de ellos o ellas! Pero, entonces, si quieren asumir algún tipo de responsabilidad gubernativa o legislativa, que experimenten directa y personalmente el significado real de la consigna “igualdad de oportunidades”.
¿Asumieron una responsabilidad estatal, pensando que podrían sobrellevar las condiciones que proponemos para su ejercicio, pero después, en la práctica, el asunto no les gustó, y quieren volver a la enseñanza privada para sus hijos, y a la medicina privada para sí y los suyos?: ¡ningún problema! Pero tienen que dejar la función pública.
Si los políticos no quieren hablar sobre esta propuesta ni, mucho menos, impulsarla, este es el momento de debatirla en todas las plazas de España y, que a partir de esa caja de resonancia, la idea se derrame y se discuta en todos los países del mundo.
En la misma dirección, además, debería determinarse que las dietas de los legisladores y los sueldos de los funcionarios no puedan superar los de un trabajador especializado. Se dirá: pero, entonces nos quedaremos al garete, porque todos nuestros dirigentes expertos en administración y en las problemáticas de gobierno se irán a la actividad privada…
¡QUE SE VAYAN!
Echemos una mirada a las plazas: están llenas de gente capaz y honesta que pueden reemplazarlos. ¿Que no tienen experiencia? ¡Y para qué queremos a los que sí tienen experiencia… en gerenciar los intereses de los poderosos y en llenarse los bolsillos!
Juan del Sur.
* Esta idea no salió de mi magín: por intermedio de una nota periodística de Martín Caparrós me enteré de una iniciativa similar (año 2002) de padres de la provincia de Río Negro, República Argentina, la cual también fue propuesta en Brasil por Cristovam Buarque, quien fuera ministro de Educación de Lula.
24 mayo, 2011
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¿“Democratizar”, dijimos? ¡He aquí un modo!
Hablamos de democratizar. Hablamos de limpiar la función pública de los que la usan en beneficio propio y en el de sus amigos y mandantes.
¿Cómo hacerlo?
Este quizá resulte un modo efectivo:
Proponer una ley que —en síntesis— disponga que todos los funcionarios electivos del Estado y los que tengan funciones administrativas con poder resolutivo manden a sus hijos y nietos, sin excepción, a la escuela pública y se atiendan en los establecimientos de salud estatales.*
A nadie se obligará a acudir a dependencias de la salud pública si prefiere una clínica privada, o mandar a sus hijos a la escuela estatal si quiere para ellos lo que ofrece una escuela paga. Pero si ejerce o se postula para cargos ejecutivos o legislativos, debe elegir entre una cosa u otra.
Muchos de los que mediten sobre esta propuesta dirán: “Bueno, yo no soy diputado, pero también prefiero la educación y la medicina privada, porque las del Estado son un desastre”. ¡Correcto!: entonces, que no se postule para decidir el destino de los recursos públicos, porque lo hará en desmedro de los servicios que no utiliza y en favor de los que sí disfruta.
Si lográramos hacer aprobar —y hacer cumplir— una norma de esas características, lo más probable es que nos saquemos de encima a los políticos depredadores. Pero, vamos a la realidad: no es factible en absoluto que ellos quieran aprobar prescripciones en este sentido, que acepten abandonar los privilegios que los distancian del vulgo y los encumbran sobre este. En ese caso, desnudarán sus mentiras, su codicia, su elitismo. Y, con esa prueba en la mano, los de abajo, los indignados, tenemos que ser consecuentes y no darles una pizca de poder, ya sea con el voto o no reconociéndolos —y destituyéndolos— mediante la resistencia en las calles.
Se dirá que lo mejor es descubrir y llevar a juicio a los deshonestos y castigarlos con penalidades ejemplarizadoras y disuasivas. Pero es muy difícil saber y —sobre todo— comprobar si un político o funcionario de alto nivel roba o no roba, si acepta sobornos o no, a cuánto asciende su fortuna a nombre propio o de testaferros, cuánto atesora en sigilosos bancos o en ese lugarcito de su casa que sólo él conoce. Y aun cuando se les comprueba su delito, como tienen muchos millones y muchos socios y amigos en la Justicia, no padecen mucho (o nada) en la cárcel y disfrutan para siempre de su riqueza mal habida.
Por eso esta propuesta apunta a algo inocultable, objetivo. ¿Cómo lograríamos que los políticos en el poder tengan un verdadero afán y un concreto y personal interés en mejorar estos aspectos —educación y salud— que hacen al presente y futuro de las personas? El medio idóneo, visible, transparente, es que ellos tengan forzosamente que utilizarlos.
No lo harán. Este es un test infalible.
¿Tienen fortuna?: ¡felices de ellos o ellas! Pero, entonces, si quieren asumir algún tipo de responsabilidad gubernativa o legislativa, que experimenten directa y personalmente el significado real de la consigna “igualdad de oportunidades”.
¿Asumieron una responsabilidad estatal, pensando que podrían sobrellevar las condiciones que proponemos para su ejercicio, pero después, en la práctica, el asunto no les gustó, y quieren volver a la enseñanza privada para sus hijos, y a la medicina privada para sí y los suyos?: ¡ningún problema! Pero tienen que dejar la función pública.
Si los políticos no quieren hablar sobre esta propuesta ni, mucho menos, impulsarla, este es el momento de debatirla en todas las plazas de España y, que a partir de esa caja de resonancia, la idea se derrame y se discuta en todos los países del mundo.
En la misma dirección, además, debería determinarse que las dietas de los legisladores y los sueldos de los funcionarios no puedan superar los de un trabajador especializado. Se dirá: pero, entonces nos quedaremos al garete, porque todos nuestros dirigentes expertos en administración y en las problemáticas de gobierno se irán a la actividad privada…
¡QUE SE VAYAN!
Echemos una mirada a las plazas: están llenas de gente capaz y honesta que pueden reemplazarlos. ¿Que no tienen experiencia? ¡Y para qué queremos a los que sí tienen experiencia… en gerenciar los intereses de los poderosos y en llenarse los bolsillos!
Juan del Sur.
* Esta idea no salió de mi magín: por intermedio de una nota periodística de Martín Caparrós me enteré de una iniciativa similar (año 2002) de padres de la provincia de Río Negro, República Argentina, la cual también fue propuesta en Brasil por Cristovam Buarque, quien fuera ministro de Educación de Lula.